En noviembre del 2018 una noticia acaparó titulares por lo inusual: el MTC denegó a Telefónica la renovación de uno de sus contratos de concesión debido a la cantidad de sanciones y multas acumuladas. El operador pudo seguir brindando servicios porque tenía otros contratos vigentes, pero se generó un ánimo de zozobra en todo el sector que se tradujo en un pedido de cambio de las reglas por parte del resto de jugadores.

Un año después, el MTC ha publicado para comentarios tres proyectos de normas (decretos supremos) que modifican las reglas del juego en el mercado. Entre las propuestas se incluyen dos temas particularmente sensibles: uno que propone como obligatorio el compartir infraestructura y otro que cambia la fórmula aplicada para evaluar las renovaciones de contratos de concesión.

Este decreto busca zanjar un largo debate que venía sosteniendo la industria con el Gobierno sobre cómo hacer el cálculo de las penalidades e incluye la posibilidad de “canjear” puntos a favor cuando se invierte más de lo pactado en el contrato, comenta Gonzalo Ruiz Díaz, ex presidente del Osiptel.

Lo que se ha propuesto ahora es ajustar y simplificar la metodología vigente, pero sin variarla, aclaran desde el Osiptel. Para el regulador es positivo dar un paso para dejar atrás procedimientos engorrosos y ofrecer alternativas más sencillas y simples.

La propuesta fue recibida como una señal positiva, pero insuficiente, porque se mantiene el estilo “penalizador”, opina Lucas Gallitto, director de Políticas Públicas para América Latina de la asociación GSMA.

“Los mecanismos de renovación deben ser instrumentos para lograr el fin público de expandir las telecomunicaciones y no afectar la sostenibilidad de los planes a largo plazo de las empresas en el país”, recalca Gallitto.

Si el Gobierno quiere impulsar el despliegue de infraestructura que se necesita para el 5G no debería mantener el método antiguo de reducir en forma desproporcionada los años de renovación de contratos por multas, porque eso genera incertidumbre en la planeación de las inversiones, añade el consultor Alejandro Jiménez, ex gerente del Osiptel.

El sector, agrega, está atravesando por una situación financiera muy crítica que incluso ha llevado a operadores de la talla de Telefónica a replantear sus estrategias en el país. Lo que se necesita es el máximo de estabilidad jurídica, no lo contrario, recalca.

“En mi opinión debería evaluarse la modificación integral del procedimiento y la metodología y no solo la fórmula”, añade Manuel Cipriano, ex director del Osiptel.

La propuesta aun tiene todas las obligaciones de los operadores en un mismo nivel de importancia, cuando deberían darse más relevancia a lo que está ligado a la calidad o continuidad del servicio, refiere Cipriano.

El principio de una multa es que sea correctiva y eso no está sucediendo, agrega Jiménez. En el caso de Telefónica, lo que se logró es generar un clima de inestabilidad ante el temor de que se repita una no renovación en los otros contratos de los otros operadores.

“Lo que debería hacer el MTC es imponer compromisos de inversión para reducir la brecha de conectividad. En todo caso imponer multas fuertes cuando la falta lo amerite, pero no a costa del tiempo de concesión”, recomienda Jiménez.

Las inversiones en infraestructura que demandará el despliegue de la tecnología 5G serán diez veces superiores a las de otras tecnologías. Tener acuerdos para compartirla permitirá sobrellevar los altos costos por asumirse.

EL OTRO GRAN RETO

El volumen de inversión sin precedentes que exige montar la red para ofrecer los servicios 5G requieren de un alto nivel de coordinación público-privada para definir prioridades y dar las facilidades adecuadas, advierte Carlos Huamán, director de DN Consultores.

Es positivo, añade, el giro drástico que se da a la gestión del espectro, pues se establece que los nuevos contratos de concesión del mismo se hagan dando énfasis a la expansión de cobertura del servicio y ya no se priorice la recaudación, como ha ocurrido hasta ahora.

También considera positivo que haya intensión de promover la compartición de infraestructura, es decir, que el titular del recurso lo comparta con otros. Sin embargo, en un entorno en competencia esto no debe imponerse sino facilitarse, más aun cuando hay una brecha por cubrir enorme, agrega Jiménez.

La compartición de espectro o antenas es algo que beneficia a los operadores, pero que recomiendan no sea una obligación impuesta por el Gobierno.

“Hoy estamos en tiempo de incentivar las inversiones, que se están escapando del continente. No espantarlas. Usar esquemas llenos de obligaciones no es de ayuda”, advierte Diego Molano, ex ministro de Tecnologías (TIC) de Colombia, quien participó en un foro de la Universidad Continental. En su país, destaca, se está optando por incluir la compartición como una regla para nuevas licitaciones de espectro, pero no como algo obligatorio.

La tendencia internacional es que esta surja por consentimiento mutuo de los operadores con una mínima intervención de las autoridades de regulación, añade José Otero, VP de la asociación 5G Américas. En la región ya se da de alguna u otra forma, pero en escala muy pequeña y sin imposiciones, añade, tal como ya hicieron Movistar y Entel este año.

Lo ideal sería, agrega Ruiz Díaz, que esto sea regulado en una sola norma en donde se tenga al regulador como una “segunda instancia” frente al desacuerdo entre operadores, para protegerlos de posibles abusos, pero respetando la libertad como prioridad.